Si miramos el contexto europeo, la entrada de migrantes ha descendido en los últimos años. Según datos de ACNUR en el año 2018 entraron en Europa a través del Mediterráneo un total de 141.472 inmigrantes, frente a los 185.139 en 2017, 373.652 en 2016 o los 1.032.408 en 2015.
Las personas que residen irregularmente en España son aquellas que ingresan en territorio español de forma irregular, aquellas que ven denegada su solicitud de asilo o protección
internacional o los casos en los que se pierde la residencia por no poder renovar el permiso temporal, y por haber expirado el visado de estancia en nuestro país, entre otros. En España, las personas que llegan a través del Mediterráneo provienen principalmente de Guinea Conakry, Marruecos, Mali, Costa de Marfil y Senegal.
Un porcentaje de las personas que llegan a España son expulsadas del país. En España se expulsó en 2018 a 5.100 personas y, en 2019, el Ministerio de Interior prevé expulsar a más de 9.000. Pese a las duras críticas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de algunos sectores de la población, se siguen realizando devoluciones en caliente, apoyadas por la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza.
Los CIEs se crearon para controlar los flujos migratorios, intentar frenar la llegada de inmigrantes de forma irregular y agilizar las devoluciones. Se interna en estos centros a personas migrantes en situación irregular, con vistas a su expulsión. Pero, de hecho, más del 60% de las personas que son ingresadas no llegan a ser expulsadas. Estas personas que son puestas en libertad se encuentran en un limbo, no tienen ningún derecho, ni pueden ser repatriadas.
Se demuestra así la ineficacia de los CIEs y la necesidad de propuestas alternativas al internamiento cautelar de personas. El trauma que provoca dicho internamiento y las condiciones del mismo así lo atestiguan. Según el último Informe CIE del Servicio Jesuita a Migrantes España, los CIEs se están usando como una herramienta en la lucha contra la inmigración irregular en la Frontera Sur. Esta situación lo que hace es lanzar un mensaje de control y de securitización a la ciudadanía, dejando en el camino a miles de personas que se ven sometidas a un sufrimiento inútil.
A lo largo de 2017 se dictaron 20.672 órdenes de devolución, de las que se ejecutaron 5.272 (4.249 por entrada irregular, 1.022 por quebrantamiento de la prohibición de entrada y una salida obligatoria sustitutiva de expulsión). Se internó a 8.814 personas en CIE: 7.559 en procedimientos de devolución (85,76%), 1.203 de expulsión administrativa (13,65%) y 57 de expulsión judicial (0,65%).
Las personas que entran irregularmente en España, viven o mejor dicho malviven, en un limbo, sin posibilidad de regularizar su situación, ni trabajar legalmente en al menos tres años (arraigo social). Estas personas reciben apoyo y ayudas principalmente a través de colectivos de la sociedad civil y de iglesia. Estos individuos subsisten durante este tiempo bajo una gran vulnerabilidad. Muchas de ellas se ganan la vida en el mercado de trabajo irregular, víctimas en numerosos casos de abusos.
Las personas que residen en España de forma irregular pueden acceder a la estancia regular principalmente a través del arraigo social, el arraigo laboral, el arraigo familiar y la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión.
El arraigo social se puede solicitar demostrando la permanencia continuada en territorio español durante un periodo mínimo de tres años, presentando un informe de inserción social, una oferta de empleo de un año a jornada completa y el certificado de antecedentes penales del país de origen y no tener antecedentes penales en España.
José Antonio Benítez Pineda, cmf
Fuentes: Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones (IUEM), Universidad Pontificia Comillas.
