Rara es la mañana que no nos sobresaltamos, a costa del endurecimiento del control fronterizo y de las políticas de muerte de la Europa fortaleza cada vez son más las personas que pierden la vida intentando llegar a nuestro territorio. Según informes de Caminando Fronteras, aunque se contabilizan 2170 muertes en las rutas de acceso al estado español, se estima que el 95% de las víctimas desaparece en el mar sin que sus cuerpos sean recuperados. Si no hemos sido capaces de salvar sus vidas, deberíamos responsabilizarnos de sus muertes.
Pero, en su lugar, seguimos perpetuando toda una maquinaria política que financia la lucha contra la inmigración irregular. Bajo el mandato de Fernando Grande Marlaska, las partidas presupuestarias destinadas a las guardias costeras y a la policía fronteriza de países como Marruecos, Mauritania o Senegal, entre otros, se han triplicado. ¿Y si estos recursos se destinaran a acoger en lugar de rechazar?
Lejos de disuadir, estos esfuerzos por contener los flujos migratorios no han hecho más que desviarlos hacia otras rutas más mortíferas como la de Canarias. Una ruta más complicada, cara y arriesgada, cuyos puntos de embarque (Gambia, Senegal y Mauritania), son cada vez más lejanos y los expone a las inclemencias del tiempo y del mar. A aquellos que logran superar la travesía se les niega la paz y la palabra ya que la violación de derechos humanos continúa una vez llegados a puerto. Se les ha privado de su libertad, se les ha mantenido en condiciones de hacinamiento, en ocasiones sin asistencia letrada y sin posibilidad de defenderse. Aunque la fiscal de Las Palmas niegue que se hayan vulnerados derechos. Se han habilitado campamentos para acogerles en lugares inhóspitos, fuera de la ciudad, en condiciones infrahumanas dado que el temporal de frío y agua inunda las carpas y las tiendas. Estos centros no pueden garantizar los cuidados, la asistencia letrada, la acogida digna ni la posibilidad de desplazarse.
Por todo ello:
- Denunciamos las políticas de muerte que han convertido el Mediterráneo y el Atlántico en la mayor fosa común del mundo.
- Denunciamos las políticas de externalización de fronteras que nos hace cómplices y financiadores del maltrato que ejercen contra las personas migrantes los países terceros como Marruecos.
- Denunciamos las devoluciones en caliente, las devoluciones exprés y las deportaciones, prácticas inhumanas que atentan contra la dignidad de las personas.
- Denunciamos el discurso del odio contra personas migrantes que alimenta el racismo y la xenofobia y fomenta el rechazo en lugar de la acogida en nuestra sociedad.
- Denunciamos la falta de atención humanitaria y recursos de acogida, que tiene como consecuencia el aumento de muertes en el mar, las condiciones infrahumanas a las que se enfrentan a su llegada, la escasez de servicios de asistencia letrada y traducción, así como el hacinamiento en los centros de recepción.
- Denunciamos la actual ley de extranjería que justifica los reconocimientos por perfil racial, los CIES y pone trabas a las gestiones administrativas que permiten la regularización.
Frente a estas políticas de muerte, exigimos:
- Que se haga un proceso de reparación y memoria que rinda justicia a las víctimas de las fronteras.
- Que se respete la dignidad de todas las personas, migrantes o refugiados.
- Que se creen vías legales y seguras por las que se pueda ejercer el derecho a la libre circulación.
- Que se cree una ley de extranjería que promueva y garantice los derechos de las personas migrantes, que no exija un trabajo para conceder un permiso de residencia.
- Que se promueva una política de expedición de visados seguros en el marco de una reforma estructural de la ley de extranjería, para que esta promocione las migraciones y no luche contra ellas.
- Que la acogida y la hospitalidad sienten las bases para unas relaciones de igualdad.
Queremos una Europa abierta a la pluralidad donde se inviertan recursos en acoger y regularizar en lugar de en controlar, detener y expulsar.
José Antonio Benítez Pineda, cmf
(FOTO: Aude-Andre Saturnio)
