Con motivo del Día Internacional de las Personas Migrantes
La movilidad humana es una complicada realidad que a día de hoy está representada por la enorme pérdida de vidas humanas, la arbitrariedad para los autores de esos hechos y una tolerancia generalizada ante esas muertes. Las personas migrantes sufren peligrosas transgresiones de sus derechos a lo largo de todas las fases migratorias: rutas de huida colmadas de riesgos, redes de tráfico ilícito, escenarios laborales de explotación y una extensa lista de situaciones intolerables a las que es necesario poner fin.
Con motivo Día Internacional de las Personas Migrantes, debemos insistir en la importancia de aventurarse por una sociedad donde todas las personas puedan gozar de sus derechos en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna.
Nuestro gobierno y la EU debe adoptar medidas políticas y legislativas necesarias para garantizar los derechos de todas las personas migrantes, entre ellas: Obligación de prestar auxilio a cualquier persona que se halle en peligro; certificar la protección jurídica de los menores no acompañados; cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros y modificación de la ley de extranjería injusta; visados humanitarios; ampliar verdaderas políticas de integración que fomenten la igualdad de oportunidades; abrir corredores humanitarios; y se hace necesario y urgente ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares. Es inexplicable cómo todavía España no ha ratificado este tratado.
A menudo desde el Secretariado Diocesano de Migraciones de Canarias hemos expresado nuestra preocupación por las políticas europeas de cierre de fronteras que, en lugar de buscar la inclusión de las personas, hacen que migrar sea cada vez más peligroso y se pierdan más vidas en el camino. Se están vulnerando derechos tan básicos como el derecho a la vida o a huir de un país, ambos contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El Estado español firmó el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, para un abordaje multilateral de la migración. Este pacto supone un cambio radical en las políticas de disuasión, externalización, militarización y robustecimiento de la seguridad del control de fronteras llevadas a cabo por la mayoría de países.
El pacto reafirma el respeto a la soberanía de los Estados a adoptar sus propias políticas migratorias y también se basa en los tratados internacionales de derechos humanos que obligan a los Estados a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación alguna. Es su obligación proteger la vida de las personas y garantizar la igualdad de oportunidades y el derecho a una vida digna. Sin embargo, después de dos años de la firma del pacto, todo ha quedado en papel mojado, no ha habido ningún movimiento ni cambio en las políticas con los migrantes. Basta con ver lo que nuestro país está haciendo en nuestro archipiélago. Llegamos a soñar que con este gobierno “progresista” iban a cambiar algunas cosas en materia de migración, pero ese sueño se ha convertido en una pesadilla.
José Antonio Benítez Pineda, cmf
@benicmf
(FOTO: ACNUR/Francesco Malavolta)
