En estos días se dio a conocer el contenido de un acuerdo político entre las distintas instituciones de la UE denominado Pacto de Migración y Asilo. Compartimos dos notas informativas elaboradas por la Conferencia Episcopal Española y La Mesa por la Hospitalidad en la que muestran su decepción ante los acuerdos alcanzados.
NOTA DE LA SUBCOMISIÓN EPISCOPAL PARA LAS MIGRACIONES Y MOVILIDAD HUMANA SOBRE EL PACTO DE MIGRACIÓN Y ASILO DE LA UE
Se ha dado conocer el contenido de un acuerdo político entre las distintas instituciones de la UE denominado Pacto de Migración y Asilo. A la espera de las concreciones técnicas y en base al texto presentado, la Subcomisión Episcopal de Migraciones y Movilidad humana, orientada siempre por la Enseñanza Social de la Iglesia, expresa su decepción ante una oportunidad perdida para mejorar políticas y leyes vigentes respecto a la acogida y protección de migrantes y refugiados en Europa. No encontramos en el texto un Pacto con una visión integral centrada en la persona y el bien común, sino un pacto para el control y la externalización de las fronteras. Para lo cual, resultan preocupantes los medios y prácticas que este Pacto quiere legitimar, tales como: permitir la detención de niños a partir de los 6 años, acelerar los procedimientos de asilo en detrimento del análisis profundo de cada solicitud, permitir una solidaridad a la carta entre países, reforzar los sistemas de identificación con datos biométricos, la confusión en el uso de conceptos jurídicos indeterminados como “crisis” o “instrumentalización” que pueden suponer una utilización interesada de los mismos, destinar dinero a gobiernos de terceros países sin garantías de que en ellos se respeten los derechos humanos.
Creemos que no se han abordado con rigor a nivel de la UE las alternativas que, tanto la Iglesia como tantos otros actores sociales, vienen promoviendo y pueden resultar más eficaces que las prácticas vigentes: en lugar de excusarse en el “efecto llamada”, contribuir a evitar las guerras y hambrunas promoviendo el desarrollo de las poblaciones locales y así poner el foco sobre los “efectos salida”. En lugar de agitar el miedo al migrante con fines electoralistas, desmontarlo con la verdad y apelando a valores humanos o religiosos. En lugar de justificarse en la lucha contra las mafias, invertir en lo que más puede restarles poder, el establecimiento de vías legales y seguras para una migración ordenada, habilitando corredores humanitarios cuando sea necesario y coordinando políticas entre las diferentes administraciones y países.
Obispos de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y la Movilidad Humana
La Noticia | 21/ 12/2023
LA VERGÜENZA DEL PACTO MIGRATORIO DE LA UE (MESA POR LA HOSPITALIDAD)
Ante el vergonzoso Pacto Migratorio acordado por la Unión Europea, reproducimos -de entre los muchos artículos de colectivos y ONG- el Decálogo publicado en almena, elaborado por: organizaciones contra el Pacto Europeo de Migración y Asilo.
Tras él, ofrecemos una amplia selección de documentos que desarrollan igualmente el daño a los Derechos Humanos que supone este Pacto.
Decálogo: un Pacto contra los Derechos Humanos
La propuesta de Pacto Europeo de Migraciones y Asilo (PEMA) que la UE quiere anunciar en las próximas semanas es contraria a los Derechos Humanos porque incluye:
- Fronteras como espacios en los que no aplica la legalidad. La propuesta de Pacto permitirá crear una ficción de no-entrada según la cual las personas que lleguen por vías irregulares a Europa no se considerarán en territorio europeo, a pesar de encontrarse en el territorio. El «procedimiento previo a la entrada» convertirá definitivamente las fronteras en limbo legal y normalizará una política de hotspots o puntos calientes, como los ya existentes en Lesbos o Canarias, que fuerzan a las personas que llegan a Europa a ingresar en centros aislados en zonas remotas, en condiciones similares a la detención y sin acceso a la necesaria asistencia jurídica, médica o psicosocial.
- Mayor discriminación y menos garantías de acceso al asilo. La aplicación del «procedimiento en frontera» implicará que personas que necesiten y quieran pedir asilo deban hacerlo desde la frontera, en plazos acelerados y con menos garantías legales. Este procedimiento será obligatorio para nacionales de países con una tasa de reconocimiento baja y se aplicará, incluso, a personas en situación especialmente vulnerable, incluyendo a infancia y familias. Esta medida vulnera el principio de no discriminación y es contraria a la obligación legal de analizar individualmente cada solicitud de protección internacional.
- Normalización de las detenciones masivas, incluso de menores. En la práctica, los nuevos procedimientos fronterizos obligarán a las personas migradas a permanecer en condiciones de privación de libertad durante un tiempo de hasta seis meses, en espacios fronterizos o zonas de tráfico y sin medidas de protección efectivas. La propuesta de Pacto promueve detenciones incluso, de familias y niños/as a partir de los 6 años durante largos períodos de tiempo, en dispositivos de detención sin especificar.
- Un sistema indiscriminado de expulsiones exprés. La propuesta de Pacto utiliza los conceptos de «tercer país seguro» y de «país de origen seguro» para denegar solicitudes de protección internacional según nacionalidad y limitar el acceso a procedimientos de asilo justos. La definición de «tercer país seguro» queda diluida a discreción de cada Estado miembro sin garantías de que las personas sean protegidas, vulnerando así el principio de no devolución. En los casos de denegación, el Pacto activa la «directiva de retorno inmediato», que permitirá alargar la detención y acelerar la deportación, incluso de personas en proceso de apelación.
- Más presión en los países de llegada a la Unión Europea que, como España, asumen ya un mayor esfuerzo de la acogida. Lejos de crear un mecanismo de corresponsabilidad entre los 27 estados miembros para la reubicación de personas solicitantes de asilo, la propuesta del Pacto mantiene la obligatoriedad de pedir asilo sólo en el primer país de llegada y alarga la responsabilidad de estos estados. Esto obstaculiza la reunificación familiar y agrava la ineficiencia y la desigualdad entre los sistemas de asilo de los distintos estados de la UE.
- Un sistema injusto de solidaridad a la carta. En lugar de establecer un sistema obligatorio que permita reubicar a las personas refugiadas en el conjunto del territorio europeo y repartir responsabilidades entre países para cumplir las obligaciones de acogida, el Pacto establece un sistema flexible que permite pagar por no acoger. Así, algunos países podrían evitar sus obligaciones de protección internacional y financiar a cambio, con 20.000 euros por persona rechazada, deportaciones y acciones de control fronterizo, incluso en terceros países.
- Vía libre en los países de la Unión Europea para saltarse las obligaciones internacionales. Con la aplicación del ‘Reglamento de Crisis’, el Pacto permitirá a los estados alegar una situación de «crisis», «instrumentalización» o «fuerza mayor» para incumplir aún más sus obligaciones de acogida. Aunque no se define qué se entiende por situación de crisis, instrumentalización o fuerza mayor, este mecanismo amplía las derogaciones y excepciones al derecho de asilo, erosiona el ya precario sistema de asilo europeo y convierte la gestión migratoria en la gran excepción para los derechos humanos.
- Mayor criminalización de las personas que migran. El Pacto consolida un enfoque securitario de las políticas migratorias de la Unión Europea. Fortalece el papel y los recursos de Frontex como agencia responsable del control fronterizo, persigue a aquellas personas u organizaciones que inciten, según la UE, a entrar en Europa sin autorización y aumenta las penas a personas acusadas de tráfico de seres humanos que a menudo son sólo un miembro más del grupo de personas en migración. Además, el Pacto contempla la posibilidad de reintroducir controles en las fronteras interiores de la UE.
- Herramientas digitales para la vigilancia masiva de las personas migradas. Mediante la reforma del EURODAC (la base de datos europea de personas migradas y solicitantes de asilo), el Pacto permitirá diversificar y aumentar la recogida de datos especialmente sensibles y que deben estar absolutamente protegidos; como datos biométricos de la cara, incluso de niños de seis años. Además, el Pacto permitirá cruzar esta información con datos policiales, lo que promoverá el perfilamiento y discriminación racial.
- Evita la aplicación de vías legales y seguras y delega la gestión migratoria en terceros países. El Pacto refuerza la tendencia europea de externalización de las fronteras, lo que implica delegar la gestión de las migraciones a otros países a cambio de beneficios comerciales y acuerdos de cooperación condicionada. La UE y sus miembros pactan con países como Libia, Túnez, Níger o Marruecos a cambio de evitar, cueste lo que cueste, las llegadas a Europa. Por el contrario, la aplicación de vías legales y seguras que posibiliten la migración regular y con garantías es una pieza inexistente en el Pacto, que no incluye ninguna medida para evitar las vulneraciones de derechos y muertes en las rutas migratorias de acceso a Europa, ni para erradicar la violencia institucional en las sus fronteras y una vez dentro.
La noticia | 20-12-23
