La Mesa por la Hospitalidad, que reúne a varias organizaciones eclesiales que ayudan a migrantes en la Diócesis de Madrid, sacó a finales del año pasado un comunicado donde denunciaba una situación que se lleva arrastrando desde 2021. La Administración Pública no está dando citas a personas extranjeras para regular su estancia en el Estado español. Esta situación provoca que muchas se vean obligadas a vivir en la irregularidad, y corren el riesgo de ser expulsadas. La obtención de esta cita está tardando entre nueve y diez meses. Que se retrase esta primera cita, puerta de entrada a la regularización, equivale a que estas personas o familias se conviertan en invisibles para las administraciones. Esta invisibilidad les priva de su derecho a la ciudadanía y su situación se convierte, en muchos casos, en dramática por sus consecuencias.
Compartimos el comunicado:
La ONU define a las personas refugiadas como las “que se encuentran fuera de su país de origen por temor a la persecución, al conflicto, la violencia generalizada, u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público y, en consecuencia, requieren protección internacional [https://refugeesmigrants.un.org/es/definitions]. Y en su Convención sobre el Estatuto de los Refugiados” (1951) recoge expresamente cómo deben actuar los Estados con estas personas: “Los Estados Contratantes expedirán documentos de identidad a todo refugiado que se encuentre en el territorio de tales Estados y que no posea un documento válido de viaje”. (art.27). España es uno de los 147 países que ha firmado este tratado.
Las definiciones están claras, pero para que una persona adquiera la condición de refugiado precisa trámites documentados. Será a partir de este momento cuando podrá recibir la protección y las ayudas de la Administración que corresponda; también un permiso de trabajo que le permita mantenerse. Pero, en la práctica ¿qué está haciendo el Estado español?
El gobierno español tiene habilitada una página web para pedir una cita que permita iniciar las gestiones. Aquí los peticionarios de asilo se encuentran con una última y angustiosa frontera: la obtención de la imprescindible primera cita se retrasa y se retrasa por falta de medios. La respuesta que últimamente se recibe recurrentemente es: “En este momento no hay citas disponibles”. Por otra parte, la página web da errores y a veces indica que hay que volver a intentarlo porque ha caducado el tiempo de la sesión.
ACNUR, en su página web de atención a los demandantes de asilo, recoge:
La obtención de esta cita está tardando entre nueve y diez meses. Que se retrase esta primera cita, puerta de entrada a la regularización, equivale a que estas personas o familias se conviertan en invisibles para las administraciones. Esta invisibilidad les priva de su derecho a la ciudadanía y su situación se convierte, en muchos casos, en dramática por sus consecuencias. Por una parte, si trascurren tres meses sin tener cita, tiempo en que pueden estar como turistas, se les puede expulsar; por otra parte, al no estar reconocidos, no pueden acceder a las ayudas por la condición de refugiado y las familias se van quedando sin medios de subsistencia. Familias que, en los últimos meses., provienen mayoritariamente de Venezuela, Colombia, Salvador y Perú.
La situación de indefensión, pobreza e incluso de calle está corroborada por las entidades que trabajan con estas personas (Pueblos Unidos, Sant’ Egidio, Cáritas, SERCADE, etc.). Por ejemplo, desde Pueblos Unidos se está atendiendo una media de tres familias a la semana en situación de calle en los últimos meses. Por su parte, Sant’ Egidio reconoce, igualmente, la dificultad de obtención de citas y la necesidad de ayuda, comida y techo, en que se encuentran muchas personas y familias. SERCADE está en la misma situación y Cáritas viene experimentando un incremento muy fuerte de personas en estas situaciones tanto en acogida central como en el territorio. Esta situación de calle ha sido denunciada igualmente por el propio Defensor del Pueblo.
De acuerdo con la ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, si se hubiera obtenido la tarjeta blanca [en teoría se daría primero una tarjeta u hoja blanca y al mes se daría la roja con validez de seis meses. Habida cuenta la problemática de citas, la tarjeta blanca tiene una validez de seis meses], que es la que se recoge al comenzar los trámites, la persona demandante tendría:
Derecho a la atención
Derecho a recibir prestaciones sociales específicas en los términos que se recogen en la Ley.
Derecho a ser documentado como solicitante de protección internacional.
Es decir, se tendría derecho a un techo y comida en un Centro de Acogida de Refugiados (CAR) de los existentes en España [Madrid cuenta con dos CAR]. Sin embargo, estos derechos son negados en la práctica por el sólo hecho de no conseguir una cita. Por escandaloso que resulte, NO hay citas, bien sea porque la Administración no las gestiona adecuadamente o porque no pone los medios necesarios. Se olvida sistemáticamente que, sin esa primera cita, no hay derechos [Por otra parte, la tarjeta que reconoce que la persona está en trámites tiene una validez de seis meses y para renovarla de nuevo hay que solicitar cita].
La situación a la que se aboca a estas personas que han tenido que huir de su país (en muchos casos porque peligraba su vida), nos lleva a plantear si el reconocimiento del Estatuto del Refugiado en España se está llevando a la práctica idóneamente. Constatamos con dolor que se abandona, de hecho, a los solicitantes de asilo, tanto por parte del Ministerio del Interior, que no gestiona las citas necesarias, como por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que no ha desarrollado ninguna acción para la atención transitoria de los refugiados. Lo mismo se diga de la falta de reacción en este punto de la Comunidad de Madrid. Por parte del Ayuntamiento de Madrid, el Samur Social responde de manera limitada y no pocas veces estas personas acaban siendo atendidas por instituciones de la Iglesia. En este sentido, Pueblos Unidos señala que, ante estas situaciones de calle sobrevenidas, la respuesta del Samur Social es: “que no son emergencia social o que no hay vulnerabilidad”.
Ante esta gravísima situación, la sociedad civil más concienciada y algunas instituciones de la Iglesia han empezado a movilizarse. El 26 de noviembre de 2022, en el Centro Pastoral san Carlos Borromeo, se formó un grupo, con implicación de las personas afectadas, con el nombre “Sin citas no hay derechos”, que busca poner fin a estas situaciones [Recogido del comunicado con los principales acuerdos de la mesa “Sin citas no hay derechos”].
Esta situación, desafortunadamente, no es nueva. El Defensor del Pueblo en el año 2019, requería a la Secretaría de Estado de Migraciones, sobre la tardanza en la obtención de citas:
El 3 de agosto de 2020, de nuevo tramita una queja sobre las dificultades de la cita previa para solicitar asilo, y recomienda, en este caso al Ministerio del Interior, agilizar los sistemas informáticos “para reducir la excesiva demora existente […] que afectan a la situación de los ciudadanos extranjeros, tanto en régimen de extranjería como solicitantes de protección internacional” [véase aquí].
El 3 de noviembre de este año 2022, se reiteran sus denuncias [véase aquí]:
Ante las numerosas quejas, la Secretaría de Estado ha comunicado al Defensor que, cuando no sea posible solicitar la cita para la entrevista de asilo, los interesados pueden mandar un escrito dirigido al Ministerio del Interior a través del registro, en el que expongan su voluntad de pedir protección internacional y, una vez registrados, podrán solicitar a la Cruz Roja acceder al sistema de acogida. En este sentido, la página web del Ministerio del Interior se ha modificado con fecha 9 de diciembre de 2022.
Igualmente, el Defensor del Pueblo, al mismo tiempo que hace un recordatorio sobre el deber legal del Estado en materia de acogida, señala que hay carencias en la coordinación entre la Secretaría de Estado y Migraciones y el Ayuntamiento de Madrid.
Por otra parte, se viene denunciando por las personas demandantes de asilo que si se paga la cita se consigue mucho más rápido. En este sentido, con solo bucear un poco en cualquier buscador de internet se encuentran páginas de abogados que ofrecen sus servicios, cobrando.
Estamos en diciembre del año 2022 y la situación es la misma o incluso peor que en años anteriores. Desde la Mesa por la Hospitalidad denunciamos la flagrante vulneración de los derechos humanos que se está produciendo. A estas alturas, con la experiencia acumulada por las administraciones públicas, es inconcebible que la llave maestra de los derechos humanos esté colgada de una cita que se dilata y de una tramitación extremadamente lenta de los expedientes por falta de personal dedicado a estos menesteres. Solicitamos, por ello, a la Administración que solucione de una vez para siempre este problema para que las personas que demandan asilo sean atendidas con prontitud, de acuerdo con las leyes internacionales y españolas. Es groseramente simple: sin citas, no hay derechos.
Mesa por la Hospitalidad. SIN CITAS NO HAY DERECHOS.
Para descargar el comunicado, pincha aquí.
(FOTO: Wesley Tingey)
