En la reunión mantenida el pasado mes de julio con Santiago Yerga, director general de Migraciones (dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones), representantes de las entidades sociales de ámbito estatal que acompañan a las personas extranjeras residentes en España en sus procesos de inserción y autonomía –ACCEM, Acoge Andalucía, Cáritas, CEAR, CEPAIM y Red Acoge– le han trasladado una propuesta conjunta para que la proyectada reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería (RELOEX) dé respuesta urgente a la creciente situación de desprotección de miles de personas extranjeras que viven en nuestro país y que se ha visto agudizada a causa de la Covid-19.
La Ley de Extranjería (LOEX) y su Reglamento (RELOEX) establecen un sistema progresivo de acceso a los derechos y libertades, que reconoce, en todo caso, el derecho de todas las personas extranjeras que viven en España a la libre circulación por territorio nacional, la salud, la educación y la protección social, por ejemplo.
Actualmente, en nuestro país se estima que más de medio millón de personas no pueden ejercer sus derechos por el simple hecho de no cumplir con un requisito administrativo, como no tener más de tres años de residencia en España o no contar con un contrato de trabajo de más de un año de duración a jornada completa.
Los principales problemas que, en la práctica, detectamos desde las organizaciones sociales se refieren al desarrollo del RELOEX, que condiciona la regularidad administrativa al cumplimiento de unos criterios que no responden a la realidad social, laboral y económica que tenemos, que deja en situación de exclusión a un alto porcentaje de la población migrante, truncando sus procesos de integración e incorporación a la sociedad española.
El vigente Reglamento de Extranjería se aprobó en el año 2011. Muchas cosas han cambiado desde entonces en la realidad social, económica, en el escenario laboral y también en la interpretación jurisprudencial de la norma.
Durante la reunión con el director general de Migraciones, las organizaciones sociales han señalado la urgencia de simplificar y flexibilizar determinados supuestos del Reglamento para dar respuesta a la creciente desprotección que sufren miles de personas extranjeras, con mayor motivo en el contexto actual de crisis socioeconómica derivada de la pandemia, que está teniendo un impacto mucho más profundo en la población migrante.
Esta modificación de la normativa de extranjería es necesaria para:
– Adecuar la norma a los estándares de derechos humanos.
– Facilitar que las personas extranjeras puedan llegar a España desde su país de origen con las autorizaciones de residencia y trabajo necesarias.
– Garantizar que las personas extranjeras que están en el territorio español obtengan las autorizaciones de residencia y trabajo necesarias.
– Asegurar que las personas extranjeras que ya cuentan con las autorizaciones no las pierdan.
En el documento de propuestas trasladado por las organizaciones sociales al director general se abordan reformas en cuatro apartados concretos: adecuación de la normativa interna a los estándares internaciones de derechos humanos; el establecimiento de vías legales y seguras; las autorizaciones de residencia y trabajo; y el problema de la irregularidad sobrevenida.
Este conjunto de propuestas permitiría actualizar la legislación de extranjería conforme a los cambios sociales, económicos, laborales y jurídicos producidos desde 2011. Con ello se facilitaría, además, la resolución, de forma adecuada, de la situación de miles de personas extranjeras que ya están en España y que, al carecer de estas autorizaciones, quedan expuestas a situaciones de explotación laboral, exclusión social y residencial.
Ninguna sociedad puede desarrollar su verdadero potencial cuando hay obstáculos jurídicos o políticos que impiden a sectores enteros de la población contribuir a esa sociedad, como es el caso de la población migrante.
José Antonio Benítez Pineda cmf
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