A finales de febrero 67 personas morían en el naufragio de Crotone, siendo abandonadas por las autoridades italianas. No han pasado dos semanas desde que, desde la sociedad civil y las ONG se exige justicia, memoria y verdad para las víctimas de este naufragio, y una vez más, en Europa, y en este caso en Italia, se produce un nuevo naufragio a la luz de la negligencia, falta de compromiso y solidaridad, y sobre todo, del incumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Una vez más, el Estado italiano es responsable de no asistir adecuadamente a personas que están a bordo de una embarcación que corre peligro de naufragio, y más con el conocimiento de que huyen de Libia, y que los guardacostas libios, con gran probabilidad se aproximarían a la embarcación para ejecutar devoluciones ilegales.
No sólo Alarm Phone, sino varias organizaciones de la sociedad civil, como Sea-Watch International alertaban de la situación de peligro de la embarcación que naufragaba este fin de semana en el Mediterráneo Central. Ante ello, la nada, el vacío, la falta de rescate y cumplimiento con el derecho internacional y con la dignidad humana, y por ende, la muerte. Un día más en Europa, los derechos humanos de las personas migrantes —cuando se trata de las personas procedentes de ciertos lugares en concreto— no se cumplen, sino que se vulneran, y se deja a la deriva a cientos de personas que huyen de la violencia. Personas con derechos —que los Estados, olvidan y socavan— como el derecho de asilo y refugio.
Según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en noviembre de 2022 más de 5.600 muertes de personas migrantes se produjeron en las rutas migratorias hacia Europa y dentro del territorio comunitario desde principios de 2021 hasta finales de octubre del año pasado. En el informe se destacaba que, desde el 2014 hubo constancia de más de 29.000 muertes en los trayectos hacia Europa y que “estos continuos fallecimientos son otro sombrío recordatorio de que se necesitan desesperadamente más vías legales y seguras para la migración”. Igualmente que, desde el año 2021 hasta el 24 de octubre de 2022, el estudio registró al menos 2836 muertes y desapariciones en la ruta del Mediterráneo Central, una cifra que supone un aumento en comparación con las 2262 muertes contabilizadas en el periodo 2019-2020. “Más allá de un fallo estructural a la hora de proporcionar vías seguras de migración, los registros del Proyecto muestran que muchas de las muertes en las rutas migratorias hacia los países de destino en Europa podrían haberse evitado con una asistencia rápida y eficaz a los migrantes en apuros” denunciaba el informe de la OIM.
José Antonio Benítez Pineda, cmf
(FOTO: Corriere.it)
