En un intento de analizar los motivos que generan los naufragios y las vulneraciones de derecho, contemplamos un escenario complejo y multicausal.
El primero, y el más grave la falta de cumplimiento de la obligación internacional del Estado de rescatar a personas que se encuentran en situación de peligro de naufragio a bordo de una embarcación. Es gravísimo que tras los numerosos avisos por parte de diferentes organizaciones de la sociedad civil y de rescates de personas migrantes —que son criminalizadas actualmente a través de la ley y la justicia en Italia y otros países— las autoridades no pongan en marcha operativos de rescate marítimo para asistir a las embarcaciones. La negligencia política a tenor de la falta de actuación para el rescate, que, en ciertos casos, es alevosa a la luz de tantos avisos, ha causado innumerables muertes en las fronteras europeas. La responsabilidad política de estas muertes es tan evidente y clara, que es imposible de esconder a través de discursos y ha de ser exigida.
En segundo lugar, un conjunto de políticas migratorias securitistas y criminalizantes, que son sistemáticas y comunes a lo largo de toda la Unión Europea, y que van en contra de la vida de las personas. Estas van desde el obstáculo para la implementación de la las vías legales y seguras para migrar —lo que genera que las personas utilicen vías no habilitadas y extremadamente peligrosas—, la imposibilidad de la realización de una vida digna para las personas que llegan al territorio de la Unión, la criminalización del derecho a migrar, y de las personas migrantes, y también de las organizaciones que defienden sus derechos, como las organizaciones de rescate marítimo. No sólo los Estados no se hacen cargo de su obligación internacional de rescatar a las personas migrantes que se encuentran en peligro, sino que obstaculizan, castigan y sancionan a las embarcaciones que rescatan en el mar. Esta Europa va más allá del incumplimiento de la ley, y directamente, permite y abandona a las personas a su suerte, vulnerando todos los estándares morales y de dignidad humana.
En tercer lugar, los discursos y políticas migratorias dan muestra del incremento de la restricción en la protección de derechos, securitización y militarización de las fronteras que viene imponiéndose en Europa en estos últimos años. Esto no sólo se representa a través de las políticas de la extrema derecha, sino de prácticamente todos los partidos que ocupan el escenario político. Si bien la extrema-derecha ataca directamente con discursos criminalizantes y racistas a las personas migrantes y a su derecho humano a migrar, las actuaciones políticas de otros partidos muchas veces no distan de la mirada de la extrema derecha. Ejemplo de ello es la masacre de Melilla, la gestión del Ejecutivo y la falta de asunción de responsabilidades derivadas de lo sucedido.
En cuarto lugar, y a tenor de las políticas migratorias restrictivas y securitistas, se observa una tendencia criminalizante de las personas migrantes y las organizaciones de apoyo y rescate de personas migrantes. Estas prácticas se generan a nivel legal, judicial y administrativo, y son varios los casos judicializados actualmente en Europa contra personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil que intentan realizar las funciones que el Estado no realiza cuando deja a la deriva a personas en alta mar. Entre ellos, se encuentra en Italia el caso contra la embarcación del Iuventa, Médicos Sin Fronteras y Save The Children, o en Lesbos, el que un informe del Parlamento Europeo identificaba como “el mayor caso de criminalización de la solidaridad en Europa”. Es preocupante la criminalización que atraviesa la defensa de derechos y el intento de rescate de personas migrantes, puesto que no sólo los Estados no cumplen sus obligaciones internacionales, y van en contra de la solidaridad de rescatar personas migrantes, sino que impiden con intentos legislativos, judiciales y administrativos, que las ONG salven vidas.
José Antonio Benítez Pineda, cmf
@benicmf
(FOTO: Ahmed Zayan)
