La Criminalización de la solidaridad

Es un concepto que debería formar más parte del discurso dentro de los grupos sociales, de activismo, en la cultura de los derechos fundamentales y humanos y en cualquier educación integral que como ciudadanos creamos necesitar para construir un futuro más justo.

 

La “Declaración de los Defensores de Derechos Humanos” de la ONU establece que todos (individualmente u organizados en asociación) tienen el derecho de promover los derechos humanos y la libertad fundamental y de solicitar y recibir recursos para ese propósito. El estado tiene la responsabilidad de proporcionar un entorno propicio para implementar esas actividades y «el estado debe tomar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de todos contra cualquier tipo de violencia, amenaza, represalia, discriminación o acción arbitraria contra el ejercicio de sus derechos”.

 

Lejos del cumplimiento y la consideración de esta Declaración de la ONU, las personas que trabajamos en el activismo, ya sea en un territorio de frontera o en cualquier otra causa de defensa de los derechos, nos sentimos desprotegidos, por las leyes y las fuerzas de Seguridad, por las administraciones y también, por parte de la sociedad civil. Los activistas se enfrentan a continuos juicios, sociales, de opinión y también procesales. Son identificadas mientras hacen su trabajo. Reciben amenazas, multas y, en ocasiones, persecución policial.

 

En algunos lugares de España, en concreto en Melilla, hacer un acompañamiento a frontera para realizar en el ejercicio de sus funciones, una consulta sobre la situación jurídica de una persona, puede suponer el riesgo de enfrentarse a la agresividad arbitraria de personas que las tratan como si su presencia allí, además de suponer una amenaza, fuera algún tipo de delito. Se criminalizan tareas como la asistencia y repartos de comida a personas que viven en situación de calle. Lidiar con la incomprensión de una sociedad injusta, que no solo mira para otro lado, sino que busca responsabilizar y culpar a quién trabaja en el marco de la solidaridad, parece haberse convertido en una competencia más de este trabajo.

 

En París y Calais, las autoridades y policía francesas intentan disuadir la asistencia humanitaria a los migrantes por medios administrativos (por ejemplo, poniendo multas de coche, impidiendo la distribución de alimentos) y mediante la violencia, el hostigamiento, la intimidación, el arresto y procesos judiciales. Una investigación identificó 600 incidentes de intimidación y violencia por parte de la policía contra voluntarios entre noviembre de 2017 y julio de 2018 en la región de Calais. En España, tras una investigación fallida contra ella, la periodista y activista de derechos humanos española Helena Maleno, fue llevada a los tribunales en Marruecos por acusaciones de colaboración con traficantes debido a su trabajo para proteger a los migrantes en el mar Mediterráneo entre Marruecos y España. Finalmente fue absuelta en abril de 2019 por falta de pruebas. ONGs que llevan a cabo operaciones de búsqueda y rescate, en el mar Mediterráneo también están siendo acusadas de confabular con contrabandistas y crear factores de atracción para los migrantes a Europa. Concretamente, tras el estreno de la película “Mediterráneo”, algunos grupos políticos señalan a los fundadores de Open Arms, como “traficantes de una mafia”.

 

Recientemente, Domenico Lucano, ha sido sentenciado a trece años de prisión por presuntos delitos en la gestión de la acogida a migrantes, que realizaba en su pueblo, Riace, que era conocido por su modelo de acogida de inmigrantes que atendió a cientos de personas y familias.

 

Estos son, algunos ejemplos de la materialización de esta criminalización de la solidaridad. Pero hay acciones diarias que intimidan y amenazan el trabajo diario de las personas voluntarias y activistas. Es necesaria la visibilización y concienciación de que esto existe, porque para defender los derechos humanos, tenemos también que protegernos.

 

(Información tomada de Alejandra Sánchez, voluntaria de Solidary Wheels)

 

José Antonio Benítez Pineda, cmf

(FOTO: Día Mundial De)

 

Start typing and press Enter to search