El expediente, llamado Jora, acrónimo de joint operations reporting application (aplicación de informes de operaciones conjuntas), donde se refleja las intercepciones de personas migrantes y las incautaciones de bienes de contrabando y detenciones de contrabandistas, con datos de fechas, número de personas implicadas y un breve resumen de los hecho ha sido el detonando hace una semana de la dimisión del director de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, conocida como Frontex.
La gestión de este organismo no ha dejado de ser denunciada frecuentemente por distintas organizaciones y activistas, por sus actividades ilegales y las constantes violaciones de derechos humanos. Las devoluciones en caliente ilegales de personas solicitantes de asilo en el mediterráneo oriental, en estos últimos años, ha sido el detonante de la dimisión.
Las cerca de mil deportaciones ilegales de las que trata la investigación tuvieron lugar en una única operación, llevada a cabo a lo largo de las fronteras marítimas de Grecia con Turquía, con intervenciones monitoreadas por Frontex, cuyos helicópteros, aviones o drones sobrevuelan a menudo las fronteras exteriores de la Unión Europea (UE). Entre marzo de 2020 y septiembre de 2021, esta operación supuso 222 incidentes en JORA, todos presentados como “advertencias de salida” en el mar Egeo. Es decir, casos de barcos de migrantes interceptados o desviados antes de llegar a aguas griegas.
Una de las personas que sufrieron una deportación ilegal por parte de Frontex en el periodo comprendido en la investigación fue Alaa Hamoudi, sirio de 22 años. En un reportaje publicado por El Salto en marzo de este año, Hamoudi explicaba cómo, en abril de 2020 fue interceptado al pisar suelo europeo, en la isla griega de Samos, tras viajar en patera en la que viajaba con otras 21 personas, y fue obligado a embarcar de nuevo en una pequeña balsa de salvamento, sin víveres ni medios para navegar, y fueron remolcados por la policía helena de nuevo a aguas turcas, donde les dejaron a la deriva.
A finales de 2021, desde dentro de Frontex ya se admitió que la agencia colaboraba en devoluciones en caliente. J. Grimheden, director de Derechos Fundamentales de la agencia, afirmó que el organismo supervisado por él podría estar implicado, por omisión pasiva, en vulneraciones de derechos humanos en distintas fronteras de países europeos, y en concreto en casos de devolución en caliente de solicitantes de asilo en las fronteras de Lituania y Grecia.
En enero de 2021, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude ha confirmado que investiga las denuncias sobre las devoluciones en caliente de la agencia Frontex. Ylva Johansson, comisaria europea de Interior, responsable política de Frontex, contaba desde diciembre de2020 con los dos volúmenes de un “libro negro” que recoge más de 20.000 casos de devoluciones en caliente, abusos en la frontera y criminalización de ONG solo en la llamada “ruta de los Balcanes”.
*Información y fotografía sacada de redacción de EL SALTO, el 29 de abril de 2022.
