La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha presentado su informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2021, en el que denuncia, que 1.717 personas han perdido la vida intentando llegar a España durante el pasado año, la cifra más alta desde que existen registros. Es el tributo a las políticas migratorias criminales de la que son responsables tanto la Unión Europea como el Gobierno de España.
APDH pone de relieve la volatilidad de los planes diseñados por el Gobierno para conseguir reducir la llegada de personas migrantes, con consecuencias tremendas en cuanto al coste de vidas humanas. Y, denuncian las políticas migratorias desarrolladas por el Gobierno de España y la Unión Europea, cuyo único norte es el control y rechazo de migrantes en la frontera sur.
Las migraciones son consustanciales a la historia de la humanidad y actualmente hunden sus raíces en las grandes fracturas que atraviesan el planeta. Fracturas entre el Norte y el Sur global, fracturas provocadas por las emergencias climáticas, las guerras interminables, la esquilmación de los recursos naturales por los países del Norte global, y este año, la fractura de la pandemia de la COVID19. Tratar de contenerlas a base de represión, militarización y criminalización, como intenta reiteradamente la UE y este Gobierno es un objetivo condenado al fracaso.
Todos los recursos destinados a las políticas migratorias se enfocan exclusivamente en evitar que lleguen o en expulsar a las personas, que jugándose la vida, intentan llegar a al Estado español por la frontera sur, a pesar de que curiosamente significan tan sólo el 4,3% del total de las personas que entran en España.
Detallan que estos ingentes recursos van desde la implantación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), cuyo coste supera ampliamente los 300 millones de euros, hasta los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), los centros de detención llamados CATE (Centros de Atención Temporal de Extranjeros) y repartidos por toda Andalucía, los CETI (Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes) en Ceuta y Melilla o las vallas en ambas ciudades que constituyen el verdadero pozo sin fondo de los recursos del Estado. También el despliegue de patrulleras o de Frontex (la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) y la compra millonaria mediante cooperación indecentemente condicionada de países terceros (Marruecos, Mauritania, Malí, Sudán, Chad, Guinea Conakri, Gambia, Costa de Marfil o Senegal…) para que ejerzan de países tapón y gendarmes de las fronteras de la Unión Europea. Todo ello a costa de incontables violaciones de derechos humanos en las que el Gobierno de España resulta ser cómplice.
El informe presta una atención especial al incremento de llegadas a Canarias en 2020 y la respuesta del Gobierno ha sido de manual represivo y antihumanitario: miles de personas encerradas en condiciones inhumanas, con falta absoluta de garantías de respeto de los derechos humanos. Miles de personas durmiendo al aire libre y a ras del suelo en los puertos, insuficiente asistencia legal, madres separadas de sus hijos, cuarentenas eternas, condiciones insalubres, hacinamiento… evidencian la absoluta falta de recursos destinados a la acogida por parte de este Gobierno, como en 2018 en las costas de Cádiz.
La APDHA plantea que, para abordar democrática y humanamente los desplazamientos de personas en este mundo global, son imprescindibles políticas dignas de acogida y establecer vías legales y seguras, como único camino para evitar que miles de personas pierdan la vida para encontrar un futuro con dignidad. Además, consideran de vital importancia seguir denunciando las violaciones de los derechos humanos a las que se somete a las personas que intentan migrar, desde el origen, el trayecto y la llegada a las puertas de Europa.
José Antonio Benítez Pineda, cmf
(FOTO: APDHA)
