El Defensor del Pueblo se hace eco de las quejas presentadas por las organizaciones de la sociedad civil ante la situación de desamparo y desprotección de las personas
extranjeras que entran irregularmente en España.
En los últimos meses, y como consecuencia de la profundización de las políticas de externalización y cierre de fronteras en el Mediterráneo impulsadas por los estados
miembro de la Unión Europea, España viene percibiendo un aumento importante de las entradas irregulares de personas migrantes que ha puesto de manifiesto, de un lado, la debilidad de los programas y protocolos de recepción en costas y acogida humanitaria, y de otro lado, la insuficiencia de los mecanismos de solidaridad y
corresponsabilidad europeos.
El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) constata que a pesar del aumento de las llegadas a las costas españolas y de la gravedad humanitaria de la situación en la que quedan las personas que entran irregularmente, difícilmente podemos hablar de llegadas masivas o de invasión. En 2018 han llegado a España por mar y por tierra 21.527 personas del total de las 64.710 llegadas a Europa por las diferentes rutas del Mediterráneo. Muy lejos de las 186.768 personas que llegaron por esta vía en 2017, o de las 390.493 y 1.046.599 que llegaron en 2016 y 2015 respectivamente. Lo que habla del éxito de las políticas para frenar los flujos migratorios, y a lo que debemos añadir las enormes barreras existentes para acceder por unas vías legales y seguras cada vez más restrictivas.
El SJM viene detectando y denunciando la precaria gestión y eficacia del sistema de atención humanitaria de las personas inmigrantes que afecta principalmente a la falta
de respuestas adecuadas a las personas que acceden irregularmente a las costas y a aquellas que son puestas en libertad desde los Centros de Internamiento de Extranjeros
(CIE) ante la imposibilidad de proceder a la ejecución de las resoluciones de expulsión o devolución.
Las recientes recomendaciones del Defensor del Pueblo a las Secretarias de Estado de Seguridad y Migraciones, en respuesta a una queja de Pueblos Unidos (SJM Madrid), instan al gobierno a buscar soluciones de urgencia y estructurales para garantizar los derechos de las personas migrantes que se ven constreñidas a entrar irregularmente en España, empleando vías inseguras y poniéndose en manos de las mafias y redes de tráficos de personas ante la insolidaridad de las repuestas que se están articulando en el marco de la Unión Europea.
José Antonio Benítez Pineda, cmf
