El tejido penitenciario remolca tras de sí una acumulación de prejuicios y estereotipos que confluyen con frecuencia en la marginación y la exclusión social. Los internos de origen extranjero, además, tropiezan con una doble realidad: por un lado, están en la cárcel cumpliendo una pena privativa de libertad, por lo cual la sociedad los aísla, y por otro lado, son inmigrantes, siendo objeto por ello de una situación de vulnerabilidad y de desigualdad social con respecto a la población nativa.
Ante tal situación, es principalmente notable trabajar con este colectivo en el marco de las instituciones penitenciarias para favorecer su inclusión y facilitar su plena reinserción e integración social. Por ello, desde hace, al menos dos años, el proyecto Almogarén, de la Asociación Rehoyando, amplió su propuesta en las prisiones de Gran Canaria, que resulta clave para impulsar la rehabilitación y la resocialización de los reclusos inmigrantes, desde el asesoramiento y el acompañamiento personal, otorgándoles unas herramientas útiles para lograr el éxito resocializador y la integración sociolaboral, realizando una función mediadora entre la prisión y el contexto social real.
Además, una propuesta de este tipo favorece socialmente a renunciar al punto de vista etnocentrista, sesgado y alejado de la realidad que ha ayudado a mantener un discurso social de la inmigración rotundamente negativo con respecto a las consecuencias para el país o la cultura receptora, tanto a nivel laboral, como a nivel económico, de seguridad ciudadana, de servicios sociales, de tradiciones o de identidad cultural, entre otros.
En este sentido, una iniciativa como la nuestra, no deja de ser un modelo donde la sociedad debe considerar para superar la punzante lacra de la exclusión, y avanzar hacia una verdadera inclusión práctica, más allá de disertaciones y modelos teóricos de sociedad inclusiva en diferentes ámbitos de la realidad que no llegan a plasmarse nunca.
No obstante, si bien defendemos este tipo de programas para la inclusión social del colectivo que nos ocupa, creemos también en la necesidad de que se pongan en marcha otras iniciativas dirigidas a la sociedad en general, que tengan como objetivo romper con los prejuicios que recaen sobre estas personas. Esto es importante en la medida en que casos como el del proyecto Almogarén contribuyen a reinsertar y reintegrar a personas excluidas socialmente, pero paralelamente la sociedad continúa excluyendo a ciertos colectivos, como son el caso de los reclusos y de los inmigrantes.
Por lo tanto, es tan ineludible ocuparse de estos colectivos para suscitar y facilitar su reinserción como hacerlo con la sociedad a nivel general, para evitar caer en reduccionismos y visiones sesgadas e ideológicas de la realidad, que aíslan socialmente y ningunean a estas personas. Como es lógico, esto supone un proceso a largo plazo, que solo puede acometerse desde la educación, para modelar conductas y crear una verdadera conciencia de inclusión en un plano de igualdad social, para lo cual resulta también fundamental la colaboración de las instituciones públicas y la creación de medidas políticas que apuesten por la inclusión social, respetando la diversidad y promoviendo el diálogo entre culturas en un contexto multicultural.
A pesar de todo, aún falta mucho camino por recorrer en un mayor compromiso, no solo con la reinserción de las personas reclusas en general y del colectivo inmigrante en particular, sino en temas tan espinosos, por parte de las instituciones y servicios públicos, como posibles vulneraciones de derechos fundamentales. Nuestras prisiones no dejan de ser un ente opaco y oscuro, donde los internos no se atreven a denunciar posibles negligencias por miedo a las consecuencias que puedan sufrir.
José Antonio Benítez, cmf
@benicmf
(FOTO: Milad Fakurian)
