La crisis migratoria que está viviendo Europa tras la llegada masiva de inmigrantes procedentes de Siria, Libia, Líbano, y lo que estamos viendo diariamente en la frontera de Bielorusia ha puesto de manifiesto las deficiencias que presentan la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros, en el control de “sus” fronteras exteriores, en aplicación de la legislación aprobada en el marco del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. Asimismo, cuestionamos la protección de los derechos humanos de los migrantes y de los solicitantes de asilo y refugio en los procedimientos de expulsión-devolución en el marco de los acuerdos bilaterales (de la UE y de sus Estados miembros) con terceros países.
Ahora bien, en la frontera sur de Europa con Marruecos, el problema de las llamadas devoluciones en caliente o entregas sumarias por parte de España a Marruecos de inmigrantes sin identificación y, por lo tanto, sin respetar las garantías procesales y los derechos humanos de dichos inmigrantes, afecta a otra categoría de inmigrantes diferente a los refugiados sirios y libios, entre otras nacionalidades, que entran por los puestos fronterizos procedentes de Marruecos.
En efecto, en las fronteras españolas con Marruecos, la práctica de las devoluciones en caliente afecta a los inmigrantes subsaharianos que entran en territorio español, no por los puestos fronterizos, sino tras los asaltos masivos a las vallas fronterizas de Ceuta y de Melilla, principalmente. Una práctica que se remonta al año 2005 y que ha continuado desde entonces, también tras la llegada de inmigrantes por vía marítima a las Islas y Peñones españoles en el norte de África, así como a nado a las playas de las referidas Ciudades Autónomas.
En nuestro caso, la protección de los derechos humanos de estos inmigrantes, vinculada al control de las fronteras y la gestión de los flujos migratorios, debe analizarse en el marco de las relaciones de cooperación entre España y Marruecos, existiendo un compromiso desde 2005 por parte de los Gobiernos de continuar su cooperación en materia de inmigración, a través de los instrumentos bilaterales ya existentes. Estos son el Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados de forma irregular.
De hecho, tras la XI reunión de alto nivel hispano-marroquí celebrada en Madrid, ambos Estados hicieron un balance extremadamente positivo en la lucha contra el terrorismo, el tráfico de estupefacientes y la inmigración clandestina que atribuyeron a la confianza mutua y la estrecha colaboración existente entre los servicios de seguridad de ambos países. Una cooperación que ha supuesto, asimismo, para España un refuerzo del control fronterizo, triplicando en tan sólo dos años el presupuesto destinado a la cooperación policial con Marruecos en la vigilancia de fronteras.
Ahora bien, siendo la cooperación en materia de inmigración uno de los temas principales de las relaciones hispano-marroquíes, se ve asimismo profundamente afectado por el Derecho de la Unión Europea, también en las relaciones bilaterales UE-Marruecos, jugando siempre un papel relevante la garantía del respeto de los derechos humanos. Pero todo esto saltó por los aires en la crisis de Ceuta de la pasada primavera, y nunca, desde la “marcha verde”, estuvieron las relaciones bilaterales tan tensas.
José Antonio Benítez Pineda, cmf
(FOTO: Rosa Soto | El Faro de Melilla)
