En los últimos cinco años, cientos de europeos han sido arrestados, investigados o amenazados con prisión o multas bajo una serie de leyes diferentes donde los
defensores de los derechos humanos hablan de «criminalizar la solidaridad» con los migrantes.
Las personas afectadas incluyen a sacerdote, pastores, un jugador de fútbol, bomberos, agricultores rurales, ex soldados, jubilados, profesores universitarios, políticos
locales… Su número ha aumentado considerablemente en los últimos 18 meses, particularmente en Italia y Francia, donde los partidos de extrema derecha están en el
poder a nivel nacional y local, respectivamente.
En Italia, el líder del partido de extrema derecha, Matteo Salvini, hizo de los ataques a aquellos que «facilitan la migración ilegal» un sello distintivo de su reinado como
ministro del Interior. En Francia, el líder del partido del Rally Nacional de extrema derecha, Marine Le Pen, durante años representó a Calais en el parlamento. La ciudad
portuaria es un punto de acceso para los arrestos de voluntarios que ayudan a los migrantes.
Ambos partidos de extrema derecha tienen el objetivo de lograr grandes ganancias en las elecciones europeas de esta semana pasada, que prometen controlar aún más las
fronteras y reprimir a quienes se mueven «ilegalmente». Si tienen éxito, los arrestos de europeos también podrían aumentar.
En España, Paula Schmid Porras, una abogada internacional de derechos humanos que ha defendido a un grupo de bomberos en estos casos, advirtió: “Castigar o criminalizar a las personas que ayudan a otras personas es algo que viola todas las convenciones de derechos humanos desde la Segunda Guerra Mundial. Esto es algo que no puede ser tolerado … o aceptado”.
Algunas leyes destinadas a disuadir a los traficantes de personas también se han utilizado contra actores humanitarios, incluidos los equipos de búsqueda y rescate de
botes y los salvavidas voluntarios.
Al menos 100 personas fueron arrestadas, acusadas o investigado el año pasado. La mayoría de estas personas parecen haber sido acusada por proporcionar alimentos,
refugio, transporte u otro tipo de apoyo a los migrantes sin documentos legales.
También hubo al menos 22 personas arrestadas o acusadas el año pasado por interrumpir las deportaciones en el Reino Unido, Francia, Alemania, Islandia, España y
Suecia, y tres acusadas de otros delitos después de documentar o cuestionar los abusos contra los migrantes.
José Antonio Benítez Pineda, cmf
