El pasado 16 de diciembre se presentó el 5º Informe sobre Frontera Sur 2020, del SJM. Lleva por título “Buscar salida”. Pone el foco en una realidad concreta para hacernos cargos de ella, trazan un recorrido de lo que ha sido la realidad en la Frontera Sur en este último año y vislumbra hacia donde apunta el futuro más inmediato.
Este informe se centra en 7 cuestiones estratégicas. Os dejo un resumen del mismo, pero os recomiendo la lectura completa (pincha aquí para leerlo)
El endurecimiento del control de los movimientos migratorios por parte de Marruecos (con fondos de la UE) implica un hostigamiento policial continuo y más violencia sobre migrantes y refugiados. La noticia de personas muertas y lesionadas en el intento de cruzar la frontera deja patente la necesidad de arriesgar la vida y la integridad física para pedir asilo. El Tribunal Supremo ha formado jurisprudencia sobre una vía segura de acceso al asilo: la solicitud de protección en embajadas y consulados de España por parte de nacionales de terceros países.
Es constante la práctica de distintas formas de devoluciones sumarias a través de los portillos que jalonan las vallas y en las aguas territoriales de Melilla, o con garantías meramente formales para aplicar el acuerdo bilateral de 1992. Se observan operaciones policiales españolas y marroquíes más allá de los límites de su jurisdicción territorial. La Guardia Civil sigue practicando el “rechazo en frontera” como si tuviese cobertura legal incontestable: sin que se haya modificado el párrafo primero de la disposición adicional décima de la ley de extranjería, vaciado de sentido por la sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; ni pueda decirse que se ajusta a los criterios de constitucionalidad establecidos por el Tribunal Constitucional.
El Tribunal Supremo ha sentado jurisprudencia sobre los derechos fundamentales a la libre elección de residencia y a la libre circulación por todo el territorio nacional de solicitantes de protección internacional documentados. La Policía no puede impedirlos ni restringirlos, falto de fundamento legal. Sin embargo, persiste en su política de impedir el embarque a la Península con el pretexto de que no tienen domicilio en ella, contraviniendo el ordenamiento jurídico.
Un control de fronteras para impedir la entrada a toda costa sin atender a las necesidades de protección también desprotege a personas objeto de trata. Algunas malas prácticas de los operadores implicados en el control de fronteras (policías, abogados de oficio, Ministerio Fiscal, Juez e incluso trabajadores sociales del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (en adelante, CETI) han llevado a la condena penal de víctimas del delito que se les imputa.
Persiste la mala práctica administrativa de no tramitar la documentación de los menores extranjeros bajo tutela administrativa, lo que los coloca en situación irregular al cumplir la mayoría de edad. La situación de vulnerabilidad se agrava en los casos de los ex tutelados a los que no se entrega la correspondiente Tarjeta de Identificación de Extranjeros (TIE). No poder viajar a la Península ni ser admitidos en el CETI los condena a vivir en situación de calle.
La lentitud en la práctica de las pruebas de ADN y el exceso de celo administrativo condenan a la separación a miembros de familias cuando hay menores de edad cuya tutela ha asumido la Ciudad Autónoma. La situación se agrava cuando viajan juntos hermanos mayores y menores sin los progenitores: mientras persiste la tutela administrativa de los menores, los hermanos mayores se enfrentan a la disyuntiva entre seguir adelante con el proyecto migratorio rompiendo los lazos familiares o quedar estancados en Melilla para preservar la relación.
Es llamativa la determinación con la que el Ministerio del Interior mantiene su política de minimizar los traslados de personas migrantes y solicitantes de asilo desde Melilla a la Península. Esta política tiene consecuencias en la salud pública de toda la población. Genera una tensión que ha llegado a estallar en una protesta violenta. Somete a la población migrante alojada en instalaciones provisionales a condiciones de vida indignas. Ha situado a las personas en un limbo jurídico mientras no tenían una tarjeta de identidad relativa a su estancia. Y lleva consigo formas de restricción de libertad y de privación de libertad sin base legal.
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José Antonio Benítez Pineda, cmf
@benicmf
