El pasado 28 de septiembre se reunió el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea para abordar la reforma de la legislación europea en materia de asilo. Desde la sociedad civil manifiestan su oposición a la actual propuesta de pacto, impulsando la campaña #PactoConDerechos. Reclaman al Gobierno de España y a Eurodiputados que defiendan y promuevan activamente los derechos humanos en el Pacto.
El Pacto de Migración y Asilo debería ser una oportunidad para alcanzar un sistema de asilo justo y sólido, pero ahora mismo incluye elementos muy preocupantes en materia de cumplimiento de los derechos humanos.
Compartimos el ‘Breve informe sobre el pacto europeo de migración y asilo’ de Andalucía Acoge:
BREVE INFORME SOBRE EL PACTO EUROPEO DE MIGRACIÓN Y ASILO
Septiembre 2023
Introducción: ¿Qué es el Pacto Europeo de Migración y Asilo?
El 23 de septiembre de 2020 la Unión Europea, a través de la Comisión Europea presenta la iniciativa del Pacto Europeo de Migración y Asilo, un pacto que tiene como objetivo reformar el Sistema Europeo Común de Asilo y unificar el enfoque europeo en este ámbito. Durante estos años los cinco expedientes que lo conforman han estado en proceso de negociación y acuerdos tanto con el Parlamento Europeo como con el Consejo y en la actualidad se encuentran muy cerca de la aprobación.
Esta realidad coincide con la entrada del Gobierno español a la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, que pretendía acelerar este proceso de aprobación, pero la actual coyuntura de Gobierno en funciones no lo está facilitando. Actualmente se barajan dos fechas para la aprobación del documento, una en diciembre y otra en febrero (con la presidencia belga), pero siempre antes de las elecciones europeas de junio. Hacerlo después, además, supondría aún una perspectiva no muy alentadora, teniendo en cuenta que sería Hungría el país que asumiría la presidencia.
Contexto: Pérdida de derechos
En la evolución de las negociaciones sobre el Pacto ha ido calando el progresivo discurso de merma de derechos y fortalecimiento de fronteras impulsado por la ola conservadora y los movimientos de ultraderecha que crece en Europa, especialmente en el Consejo, que es el que ha endurecido más sus posiciones. Como consecuencia, las negociaciones de un pacto que en principio iba a garantizar la protección de los derechos humanos de todas las personas ha ido dando paso a otro que tiene como preferencia el crecimiento de muros y reforzamiento de vallas.
La traducción de esta realidad en el pacto es clara: se refuerzan los mecanismos de control en la frontera, no se avanza en proporcionar vías legales y seguras y el sistema de asilo, lejos de flexibilizarse, se propone como más restrictivo. Conceptos como el de Protección Internacional han perdido su presencia en el marco de las negociaciones frente al impulso de otros que se han ido abriendo camino como las devoluciones en caliente (push-backs) o la externalización de fronteras, que parece incuestionable.
La situación actual
Los cinco expedientes que conforman el Pacto Europeo son la reforma del Reglamento de Dublín (acerca de los países de primera entrada), la reforma del reglamento de regulación de asilo, el reglamento de gestión de crisis, el de gestión del control (Screening) y la reforma del sistema de impresión de huellas dactilares (Eurodac).
De estos expedientes, todos menos el de gestión de crisis se encuentran muy avanzados en las negociaciones, por lo que hay muy poco margen de presión y de mejora. Solo quedan por cerrar detalles entre apreciaciones del Consejo y del Parlamento, teniendo en cuenta que siempre, como se ha señalado anteriormente, la tendencia es que el Consejo (formado por los gobiernos de los países) sea más restrictivo que el Parlamento.
En cuanto al contenido de los expedientes, existen una serie de elementos clave, que por su envergadura e incidencia en la reducción de derechos, merecen una mirada más detenida:
En lo referente a la externalización de fronteras, que traslada la gestión de las mismas a terceros países (especialmente del norte de África), preocupa que la Unión Europea no atienda sus obligaciones en las fronteras exteriores y permita que estos países vulneren los derechos de las personas permanentemente sin estar realizando ningún tipo de seguimiento. También preocupa que estos acuerdos de cesión de la gestión con esos países sirvan para instrumentalizar vínculos comerciales o políticas de visados.
Sobre el mecanismo de solidaridad entre los países de la Unión Europea, no se han producido apenas avances, de manera que la presión migratoria y de asilo sigue recayendo en los países fronterizos, los países llamados de primera entrada, por lo que no hay un reparto equitativo de responsabilidades en esta materia. Esto ha abierto la puerta además a que determinados estados puedan ‘cubrir’ esta responsabilidad financiando acuerdos con terceros países para facilitar esta mencionada externalización de fronteras.
En lo referente a los mecanismos de control en frontera, inquieta la realización de controles previos de entrada que permitan una evaluación rápida y por tanto una expulsión rápida de las personas y que determinen a la ligera quien necesita protección y quien no. Además, estos controles, aunque se hagan en territorio europeo, presuponen que estas personas no pisan suelo europeo hasta que se acepte su autorización.
En cuanto a Eurodac, que es una base de datos biométricos de la Unión Europea que permite la identificación de las personas solicitantes de asilo o de fuera de la UE, una de las cuestiones a la que debe prestarse atención es a que su ampliación no sirva como un elemento de control migratorio y se vulnere incluso su derecho a la protección de datos.
Por último, el reglamento de crisis, aplicable por los estados miembros en situaciones excepcionales, entraña como uno de sus riesgos principales que, bajo este paraguas de excepcionalidad, los estados que se acojan a él puedan dejar de aplicar los principios fundamentales del derecho de asilo. Entre ellos, la suspensión del tratamiento de solicitudes o la posibilidad de alargar los plazos, lo que prolonga además la desprotección de las personas. Está en juego también la derogación de la Directiva de Protección Temporal, que se aplicó en el caso de Ucrania, para ser sustituida por un estatuto mucho más restrictivo.
¿Qué estamos haciendo?
Desde la sociedad civil organizada se está trabajando a través de acciones de incidencia política y sensibilización desde poco después de que el pacto saliera a la luz. Varias organizaciones hemos estado y estamos actualmente trabajando unidas para ofrecer alternativas conjuntas a las propuestas del pacto. Un ejemplo de ello fue el documento consensuado ‘Propuestas de la sociedad civil al nuevo Pacto sobre Migración y Asilo’ que se publicó en 2021 cuando las posibilidades de conseguir modificaciones en favor de un enfoque de derechos humanos eran mayores.
Además de él, se han sucedido los posicionamientos, los encuentros y las cartas tanto con el Gobierno de España, como con partidos políticos, parlamentarios europeos y otras figuras de carácter institucional, a fin de presionar y convencer acerca de que otro pacto era posible. Igualmente, se ha entrado en colaboración con organizaciones europeas como ECRE (European Council on Refugees and Exiles), del que formamos parte, para fortalecer las alianzas, estrategias y ampliar conocimiento.
Con la fecha de su aprobación en el horizonte, el próximo hito se celebrará antes de que finalice septiembre y supondrá un avance casi definitivo sobre el reglamento de crisis. En estos días las organizaciones trabajamos en un posicionamiento conjunto, del mismo modo que planificamos qué tipo de acciones, no solo que apelen a la clase política sino que generen impacto en la sociedad civil y vuelvan a colocar el tema en la agenda pública.
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