En el CIE de Barranco Seco están desde hace dos semanas 14 chicos, todos senegaleses menos dos que son de Costa de Marfil. Llegaron en los últimos cayucos que arribaron a nuestras costas. Por desgracia su futuro no es nada prometedor. Uno de ellos nos comentó que si lo deportan no sabe lo que sería capaz de hacer.
Nuestra ministra de Asuntos Exteriores cerró hace una semana un acuerdo con el estado senegalés para reactivar las deportaciones. Lo que estamos viviendo, la llegada de todas estas pateras me recuerda a 2006, cuando también alcanzaron nuestras costas, numerosos cayucos, procedentes sobre todo de Senegal. En aquella época, llegaron más de 30.000 personas a las islas, y el Estado español firmó con el estado senegalés unos acuerdos disfrazados de cooperación donde todavía siguen vigentes con la presencia de la Guardia civil española en territorio senegalés, siguiendo la lógica de la externalización y militarización de la frontera. Catorce años después, resurge la ruta de los cayucos procedentes de las costas senegalesas y mauritanas hacia nuestras islas. Esa ruta en Senegal se conoce popularmente como Barça o Barsakh es decir, llegar a Barcelona o la muerte, y esa misma ruta ha convertido el Atlántico en un cementerio a cielo abierto.
Pero, ¿qué está de fondo, qué está detrás de toda la reactivación de esta ruta, después de 14 años?
No hay solo un motivo, tenemos el cierre de la ruta del mediterráneo; el efecto de la pandemia que ha sido desastroso para las débiles economía de estos países; existen políticas geoestratégicas de las que nadie habla, salvo algún medio que tímidamente se atreve a comentar algo, pero que están ahí de fondo, y con la que el reino alauita le está echando un pulso a España y a la Unión Europea; y están también los llamados “acuerdos de colaboración de pesca sostenible” (ACPS), implantados por la UE con países socios —casi todos son africanos—, que pasaron de ser acuerdos comerciales a finales de los años setenta para convertirse en acuerdos de colaboración en 2002, y establecen una gestión de la política pesquera que, en el caso de Senegal, atenta contra la seguridad alimentaria, genera violación de derechos humanos y ecocidios marítimos.
La promoción y continuación de estos acuerdos tiene un efecto perverso sobre la vida de las familias que viven de la pesca, la práctica artesanal representa el 76%, frente al 24% de la industrial, familias que no pueden hacer frente a las técnicas pesqueras ni flotas industriales extranjeras, que llevan en aguas senegalesas desde finales de los años 70. En estos documentos, conceptos sobre principios y valores como coherencia, transparencia, sostenibilidad o justas negociaciones, ocultan una trama neoliberal, en la que la UE y el estado senegalés son cómplices.
Y todo para que nosotros nos sigamos regalando en “nuestra rica mesa, de manteles blancos con blanco pan y generoso vino” unos buenos peces a precio de risa, esquilmando los caladeros de estos países y acabando con la pesca artesanal de estas personas. Y después, te preguntas ¿por qué vienen? Vienen porque le hemos quitado hasta el alma.
José Antonio Benítez Pineda, cmf
(FOTO: mundoislam.com)
